Durante años, una de las prácticas más extendidas en la gestión del riesgo suicida fue la firma de los denominados «contratos de no suicidio» (acuerdos donde el paciente se comprometía formalmente a no autolesionarse). Sin embargo, la literatura científica y las revisiones publicadas en medios de divulgación especializada (como APA Monitor on Psychology y The Mental Elf) han demostrado de manera consistente que estos contratos carecen de validez empírica, no disminuyen la conducta suicida y pueden generar una falsa sensación de tranquilidad en el profesional, debilitando a su vez la alianza terapéutica.
Frente a estas limitaciones, el Protocolo de Planificación de Seguridad (Safety Planning Intervention o SPI), desarrollado por Barbara Stanley y Gregory Brown, se consolidó como una de las herramientas breves con mayor respaldo empírico para la reducción de crisis y reintentos de suicidio.
Un abordaje estructurado y colaborativo
A diferencia de un compromiso pasivo, el plan de seguridad es un documento breve, tangible y personalizado que se construye de manera conjunta entre el terapeuta y el consultante. Su objetivo no es debatir ideas abstractas, sino dotar a la persona de un conjunto de recursos secuenciales y accesibles para atravesar momentos de intenso dolor emocional.
El protocolo se articula en seis pasos progresivos:
- 1. Identificación de señales de alarma tempranas: Reconocimiento de pensamientos recurrentes, imágenes, estados afectivos displacenteros o cambios conductuales que suelen preceder a una escalada de malestar.
- 2. Estrategias de afrontamiento autónomas: Acciones que el consultante puede realizar por su cuenta para regularse o distraerse (como técnicas de respiración, actividad física o tareas manuales focalizadas) sin necesidad de recurrir a terceros en primera instancia.
- 3. Contactos sociales y entornos de distracción: Identificación de personas o lugares seguros (una plaza, una cafetería o la casa de un familiar) que faciliten la desconexión del foco del sufrimiento y ayuden a recuperar estabilidad.
- 4. Redes de apoyo para pedir ayuda explícita: Familiares, allegados o referentes de confianza a quienes el consultante pueda comunicarles abiertamente que se encuentra atravesando una crisis.
- 5. Profesionales y servicios de urgencia: Teléfonos y contactos actualizados del equipo tratante, líneas de atención en crisis locales y guardias médicas disponibles las 24 horas.
- 6. Restricción de medios letales: Evaluación colaborativa y aseguramiento del entorno inmediato (por ejemplo, resguardo de medicación o retiro de elementos de riesgo), una de las intervenciones con mayor impacto directo en la prevención efectiva de la conducta autolesiva.
Integración en la práctica clínica
La eficacia del protocolo de Stanley y Brown radica en su carácter dinámico. No se trata de un formulario administrativo que se completa una única vez, sino de una herramienta viva que se revisa, ensaya y actualiza a medida que avanza el tratamiento.
Tener el plan por escrito (en formato físico o digital) permite que el consultante cuente con una guía clara de pasos a seguir en los momentos donde la sobrecarga emocional reduce la capacidad de resolución de problemas. Integrar intervenciones estructuradas y basadas en la evidencia en la gestión del riesgo permite brindar una respuesta clínica sólida, compasiva y orientada a la seguridad del paciente.
